Evaluación docente y calidad educativa
Paula Galigniana*

*Docente. Es coautora del libro “La discriminación, una forma de violación de los derechos humanos”.

Cuestionar a la educación y al sistema educativo que la sostiene se transformó durante décadas en un lugar común de nuestra sociedad. Mucho se dice acerca de la escuela en crisis, los docentes vagos e ignorantes, los chicos que ya no son como antes o de las familias ausentes.
Este tipo de señalamientos que pueden escucharse a diario, no solo a la salida de una escuela, sino también en la cola del supermercado, una charla de café o comprando el diario, apuntan fundamentalmente a la escuela pública y son el resultado de una larga, sostenida e intencionada campaña de desprestigio llevada adelante por los gobiernos neoliberales de la región.
Así como le dieron vida a una supuesta “Doña Rosa” para vehiculizar las quejas por los cortes de luz y la tardanza de Entel para colocarle la línea de teléfono, las pantallas televisivas se mofaron de estudiantes que carecían de conocimientos mínimos de cultura general, al tiempo que culpabilizaban a los docentes por reclamar mejores condiciones de trabajo.
Los medios de comunicación dejaron de lado a Jacinta Pichimahuida y sus blancas palomitas, donde el hijo de un zapatero de tez morena compartía el aula con la rubia hija de un médico, para abrir sus puertas a la más amplia variedad de colores y diseños de los uniformes de colegios privados.
Toda esta construcción discursiva tuvo como único objetivo poner en sintonía a la educación con un proyecto de país privatista que profundizó las desigualdades y excluyó a grandes masas de la población al dejar librada a las leyes “mágicas” del mercado toda su política. La educación se convirtió lentamente en una mercancía en manos de empresarios que la convirtieron rápidamente en un negocio rentable.
La oferta privada se diversificó, tanto en costos como en propuestas, sin ningún tipo de fiscalización al tiempo que los funcionarios obedientes vaciaban a la educación pública de recursos y contenidos convirtiéndola de esta manera en escuelas pobres subsidiarias y asistenciales para pobres. La Ley Federal de Educación fue el instrumento fundamental construido por los grandes pensadores de los ‘90 para desmantelar a la educación, reducir su presupuesto y desligar al Estado de una de sus grandes responsabilidades. Los resultados de estas políticas hablan por sí solos: escuela con serios problemas de infraestructura y equipamiento, docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza, propuestas pedagógicas vacías.
La migración de alumnos del sistema público al privado no es más que una consecuencia directa e inevitable en este contexto, principalmente en las grandes ciudades. Solo a modo de ejemplo, al día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires el 48% de los chicos en edad escolar concurren a instituciones privadas.
Los docentes resistieron todas y cada una de estas políticas ganándose de esta forma el indiscutido lugar de únicos responsables de la mala educación en la Argentina.
Los discursos pedagógicos mayormente importados de los admirados y ansiados países del primer mundo sirvieron de cimiento de estas políticas, al mismo tiempo que las encubrían bajo la loable búsqueda de una “neutral” Calidad Educativa. Los tecnócratas de esos tiempos imponían pruebas internacionales estandarizadas con pésimos resultados que ponían al país cada vez más abajo dentro de los rankings internacionales. El “riesgo país” educativo tenía como único culpable a los docentes y como única solución, evaluarlos en términos punitivos.

Evaluar y castigar para alcanzar la calidad.
“Evaluación” y “calidad” son términos asociados que vinieron para quedarse y que obtuvieron un lugar privilegiado dentro del vocabulario de la política educativa. Se convirtieron en conceptos de uso cotidiano de docentes, políticos, comunicólogos e investigadores.
Con el falso argumento de la neutralidad de la educación la propuesta educativa neoliberal y la importancia que en ella adquiere la evaluación como mecanismo de control, redujeron la compleja temática de la evaluación pedagógica a un problema de técnicas de medición.
La pretendida calidad educativa se convertía en un concepto vacío en la medida que las políticas renunciaban decididamente a la soberanía pedagógica.
Hablar de evaluación y calidad educativa requiere que primero corramos los velos tan finamente construidos por los pedagogos de la dominación y pensemos qué queremos evaluar y para qué, al mismo tiempo que abrimos el debate acerca del contenido sobre la tan ansiada calidad.

“Los nuevos desafíos de la eduación” – Diego Fernando Ponce-
2do. Premio IV Concurso Anual Internacional de Artes Plásticas “Crepúsculo”

Una educación de calidad es, en palabras de la secretaria General de CTERA Stella Maldonado, “aquella que logra ampliar los horizontes de los sujetos, potenciar sus capacidades de intervención plena en las distintas dimensiones de las prácticas sociales, culturales, afectivas, científicas, deportivas, laborales”, y no un formador de competencia en función de las necesidades del mercado.
La calidad educativa no puede definirse si no se define primero un proyecto de país en el marco de un proceso regional. La educación y la política educativa nunca fueron ni serán neutrales y solo podrán evaluarse en la medida que tengamos claro el significado del 10 o del 1.
Todos tenemos algo para decir frente a la hora de pensar cuál creemos que es una buena educación para nuestros chicos y jóvenes, es por eso que una Evaluación “aséptica” e importada poco tiene para decir acerca de la realidad tan rica y diversa de nuestras escuelas. Poco puede aportar al debate sobre qué escuela necesitamos y queremos desde Ushuaia a la Quiaca.
En los últimos años, nuestro continente es protagonista de un proceso que busca reconstruir los lazos sociales sobre la base de la recuperación del valor de lo público. La educación volvió a convertirse en un problema de Estado que la recupera como Derecho Social y verdadera herramienta en la búsqueda de la Igualdad.
Ahora, si bien las políticas se encuentran orientadas en este sentido :-Ley Nacional de Educación, aumento del presupuesto educativo, Ley Nacional de Educación Técnica, Ley Nacional de Educación Sexual, Plan Conectar Igualdad, construcción de 1.500 escuelas- los imaginarios sociales tan finamente construidos siguen poco permeables a confiar en la escuela pública.
Resulta urgente que asumamos la tarea de evaluar a la educación de manera integral y desde nosotros mismos. Se necesitan herramientas democráticas y participativas que recuperen la voz y la memoria de funcionarios, políticos, autoridades, docentes, alumnos, familias, organizaciones barriales y todos los que formamos parte del universo educativo argentino.

La tarea es librar la batalla cultural que permita volver a poner en valor a nuestras escuelas teniendo en cuenta los diferentes contextos. Evaluar, no para castigar sino para comprender los procesos, delimitar necesidades, establecer prioridades y exigir al Estado que cumpla su rol de garante de la educación de nuestro pueblo.
Porque no es un negocio y porque apunta a la integralidad sin discriminar, si queremos continuar en el camino de construir una sociedad con igualdad y justicia social, la educación pública debe volver a recuperar sus glorias pasadas.